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Boletín de noticias 23 de abril de 2012
EL TIEMPO
EDUARDO MONTEALEGRE ANUNCIA REVOLCÓN EN UNIDADES CLAVES DE LA FISCALÍA
Fiscal General de la Nación dice que reorientará investigaciones en DD.HH.
Tres semanas después de asumir como Fiscal General, las propuestas y anuncios hechos por Eduardo Montealegre Linett han comenzado a generar polémica en el país.
En diálogo con EL TIEMPO, anunció un revolcón en la Fiscalía, cambios en los modelos de investigación y judicialización de los procesos, pero también hizo reparos al proyecto de reforma de la Justicia. Entre sus propuestas está la de acabar con la Comisión de Acusación de la Cámara.
¿Cómo encontró la Fiscalía?
La Fiscalía requiere algunos giros de política criminal muy importantes. Si bien los fiscales son autónomos, deben tener en cuenta las orientaciones que dicte el Fiscal General. Eso significa que tengo la obligación de dar esa orientación general, sobre todo en temas como el de la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos. Y ya estoy haciendo esa tarea. (Lea también: El Fiscal General propone que fiscales puedan acusar a congresistas)
¿En qué casos va a intervenir?
No me voy a referir a casos concretos. Lo que sí puedo decir es que hay algunos criterios que se han estado aplicando y deben tener una rectificación. El principio de oportunidad es un instrumento importante en la lucha contra el delito, no puede ir dirigido hacia la impunidad. Hay que racionalizarlo.
¿Qué sucede en la Unidad contra el Lavado de Activos?
Solicité de manera inmediata al Consejo Superior de la Judicatura que asuma la investigación disciplinaria de las quejas sobre posibles irregularidades y ya inicié los cambios de personal al interior de la unidad.
¿Cuál va a ser ese criterio?
La sociedad debe entender que si a alguien se le otorga el principio de oportunidad no se deja impune el delito. Lo que se está es ponderando si de esa forma se obtienen bases útiles para desvertebrar grandes organizaciones criminales, o se presentan oportunidades importantes de reparación a las víctimas, o para descongestionar a la justicia de casos de bagatela.
¿En qué otras unidades va a haber cambios, a propósito de las recientes denuncias contra la directora de la Unidad Contra el Lavado de Activos?
También se van a nombrar nuevos funcionarios en los cargos de dirección de otras unidades y se van a crear otras de alto nivel. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con restitución de tierras vamos a brindar un acompañamiento de la Fiscalía frente a la violación de derechos fundamentales a las víctimas y líderes sociales en ese proceso.
¿Se avecina revolcón en la Fiscalía?
Sí. Los cambios incluyen las unidades de Justicia y Paz, Derechos Humanos y Antiterrorismo. No van a ser solo administrativos sino estructurales. Vamos a contar con nuevos modelos de investigación y de aplicación del sistema penal. Se va a trabajar con criterios de priorización. Empezaré por los casos de mayor gravedad; se atacarán los aparatos de poder, la cúpula de organizaciones ilegales, sus financiadores y su relación con otros grupos criminales. En tres semanas habrá un primer borrador.
¿Cómo empezará aplicarse este modelo?
Este trabajo de interpretación y de priorización se hará con la consulta a órganos internacionales y la Corte Suprema. Claro, también se buscará la opinión de las ong y de las víctimas.
¿Cuál es la mayor dificultad que ha encontrado?
Que no hay una política criminal coherente. No se puede permitir que se sigan modificando los delitos, las penas y los procedimientos penales. Me opongo a eso; se debe acabar con la tendencia a criminalizar muchas actuaciones sociales.
¿Debe discutirse este punto en la reforma de la justicia?
Ese es un proyecto que tiene unas normas muy importantes, pero hay puntos altamente inconvenientes que afectan gravemente el equilibrio de poderes y la autonomía de la justicia.
¿Cuáles?
La reforma modifica el sistema de fuero de los altos dignatarios del Estado. De mantenerse, representa un riesgo grave de inconstitucionalidad, rompe la independencia de la Rama Jurisdiccional.
¿Cómo rompe el equilibrio de los poderes?
La investigación de aforados está pasando a una comisión ternada por el Presidente y elegida por la Corte Constitucional. El fuero es una garantía institucional encaminada a proteger a la institución y su función, no al funcionario que la representa.
Y si a eso se agrega una reciente decisión del Consejo de Estado, que entrega a la Contraloría la responsabilidad en materia fiscal contra los magistrados de las altas cortes, la garantía constitucional del fuero del Presidente se disminuye también, y eso es un grave atentado contra la independencia del Ejecutivo. Los altos dignatarios del Estado, incluido el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes, tienen que tener un fuero integral que garantice y proteja las decisiones de los órganos de cierre que representan.
¿En qué afecta al Presidente la decisión del Consejo de Estado?
La Contraloría puede suspender a cualquier funcionario que sea objeto de responsabilidad fiscal. Teóricamente, en este momento, ese organismo de control tendría una facultad omnimoda de suspender al Presidente y una interpretación de esas no se ha visto en ninguna lugar del mundo. En ese punto es muy desafortunada la decisión del Consejo de Estado, deja sin fuero al Presidente.
¿Cómo llenar estos vacios?
Este es momento para que el Congreso siente claridad sobre el tema en la reforma a la justicia. Los altos dignatarios del Estado, incluido el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes, tienen que tener un fuero integral que garantice y proteja a las decisiones de los órganos de cierre en el Ejecutivo y judicial.
¿En qué consiste su propuesta?
Salvo el Presidente y el Vicepresidente, se tiene que quitar toda función jurisdiccional al Congreso. Y antes de que se le inicie cualquier acción penal contra un alto dignatario del Estado, el Congreso debería adelantar previamente un juicio de responsabilidad política.
¿Eso no es mantener el actual esquema de la Comisión de Acusación?
Por el contrario, estoy de acuerdo con que se suprima la comisión de acusación. Es inoperante e ineficiente. El Congreso no debe tener funciones jurisidiccionales, se deben acabar.
¿Qué otros puntos de la reforma son inconvenientes?
Me parece peligrosa para la institucionalidad la facultad que se le está dando a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de investigar y sancionar a los funcionarios que dependen de las altas cortes. Eso también lesiona la autonomía de la Rama Jurisdiccional. Sería un elemento perturbador en las funciones de juzgamiento de las altas cortes. No hay que olvidarse que el Consejo de Estado resuelve sobre pérdidas de investidura a los congresistas y la Sala Penal de la Corte es la competente para juzgar a los senadores y representantes a la Cámara.
¿Pasaría el examen constitucional en la Corte el proyecto de reforma, de manterse tal como está?
De mantenerse, podría pensarse de que se está sustituyendo la Carta Política y el modelo de Estado, representa un riesgo grave de inconstitucionalidad porque rompe gravemente la independencia de la Rama Jurisdiccional.
¿Hay ánimo de revancha en el Congreso, como lo dicen las cortes?
Confío en la sensatez del Congreso. Estamos a tiempo, en los debates que faltan, para hacerles un giro conceptual a varias de las modificaciones. Lo que debe buscarse es un gran consenso y hacer los ajustes y correcciones necesarias.
¿Estaría de acuerdo con los magistrados en acudir a organismos internacionales?
Sería inconveniente para el país. Lo ideal es no llegar a ese tipo de situaciones. El foro institucional es el Congreso, y veo que existe interés de los parlamentarios en escuchar opiniones de todos los sectores.
"Evitemos penalizar la dosis mínima"
Frente a la propuesta del director de la Policía, general Óscar Naranjo, de despenalizar en el país el consumo de marihuana, el fiscal Eduardo Montealegre consideró más conviente despenalizar la dosis mínima; "ese es un problema de salubridad", agregó.
"No podemos volver a sistemas caducos"
¿Es válido el modelo aprobado para investigar a congresistas?
Se debe avanzar hacia el sistema penal acusatorio. Que la Fiscalía investigue y acuse, y sea la Corte Suprema la encargada del juicio oral en primera y segunda instancias. Ahí, la reforma se arraiga en sistemas ya caducos. (Lea también: Los casos que enredan a fiscal jefe de Extinción y Lavado de Activos)
¿Esto no es quitarle dientes a la Corte en materia de juzgamiento a los congresistas?
De ninguna manera. En últimas, quien va a tener los mecanismos para tomar las decisiones es la Corte Suprema. Permitir que siga en la Constitución sistemas de investigación y juzgamiento que ya están desapareciendo en todo el mundo es cerrar la vista a modelos modernos como los acusatorios.
Según expertos, el sistema penal acusatorio entró en crisis, en parte por la congestión en la Fiscalía...
Es verdad, hay graves fallas en el sistema penal acusatorio; es un modelo con solo 10 años de implementado. Pero el país no puede retroceder. Pensar que vamos a volver al sistema anterior es impensable.
JUDICATURA PIDE REVOCAR INFORME DE CONTRALORÍA QUE RAJA A LA JUSTICIA
La corporación envió una carta en la que señala que se le violó el derecho a la defensa.
En un documento de 61 páginas, el Consejo Superior de la Judicatura le pide a la Contraloría que revoque el informe que emitió el órgano de control y revelado esta semana por ELTIEMPO.COM.
Sobre los pocos avances de descongestión que advirtió la Contraloría, la Judicatura aseguró que desde el 2009 se ha implementado un completo plan para este tema.
La corporación señaló en el documento, conocido por ELTIEMPO.COM, que el inventario de procesos se redujo en los últimos años en un 25%, representado en 771.267 procesos.
La Judicatura también llamó la atención del considerable aumento de la demanda de justicia y pone como ejemplo que mientras en el año 1997 se recibieron 42.455 tutelas, en el 2010 fueron 501.365 acciones de tutela, representando un crecimiento del 1.081 por ciento.
Sobre esta alta demanda, la Judicatura aseguró que se han tomado medidas de choque "que han logrado un impacto significativo". De esta manera, lo que dice la Contraloría "carece de todo sustento".
La Judicatura también afirmó que las respuestas a las observaciones formuladas por el Grupo Auditor "no fueron objeto de revisión y análisis, violando de manera flagrante el debido proceso".
De hecho, la corporación señaló que el informe final de la Contraloría fue radicado sin que se hubiera conocido la respuesta a las observaciones, "de tal suerte que no fueron escuchadas las explicaciones".
"(La Contraloría) no respetó el derecho de defensa del auditado, ni el Grupo Auditor cumplió con su deber de revisar la respuesta dada por la entidad que le permitiera tener los elementos de juicio o para confirmar o levantar la observación, violando flagrantemente el derecho de defensa", reiteró la Judicatura.
Algunos puntos que tocó la Contraloría
Aunque en el 2009 y el 2010, por primera vez en la historia del país, los jueces resolvieron más casos de los que ingresaron a sus despachos (5'075.000 sentencias frente a 4' 650.000 casos), la justicia colombiana sigue arrastrando un inventario represado de 2,9 millones de procesos que 'duermen' en los anaqueles. (Vea galería con casos polémicos de la justicia colombiana).
Ninguno de los tres objetivos que la Rama Judicial se impuso en el 2007 -reducir el tiempo que dura un proceso a menos de la mitad, aumentar la productividad de los jueces en un 40 por ciento y reducir el inventario represado en un 70 por ciento- se alcanzó.
CONTRALORA TIENE EN LA MIRA A QUIENES CONTAMINAN BAHÍA DE SANTA MARTA
Por: María Isabel Rueda
La contralora general de la República, Sandra Morelli, es bogotana y tiene 45 años.
En entrevista con María Isabel Rueda, Sandra Morelli habla del 'carrusel de las pensiones'.
La felicito. Gracias a su tesón, le devolvieron la capacidad fiscalizadora que tiene la Contraloría. En el caso del 'carrusel' de las pensiones, se la querían rapar...
Es muy importante que el Estado no se deje poner conejo. Competentes para hacer control fiscal son la Contraloría General y las contralorías distritales, y el fuero no se le puede atravesar a eso porque no es democrático.
El fuero del que gozan algunos funcionarios obedece a una razón penal. Pero, desde el punto de vista administrativo, todos los funcionarios públicos son iguales. Desde el Presidente de la República para abajo, todos tienen que cuidar los recursos públicos que están bajo su cargo.
El fuero es una garantía para la institución, y está relacionado con la pérdida de la libertad. Supongamos que un fiscal se enloquezca y resuelva meter a la cárcel a todos los congresistas al tiempo... La privación de la libertad no puede ser una herramienta para que se impida el funcionamiento de una institución. Es lo que en derecho constitucional se conoce como garantías institucionales.
¿Qué facultades sancionatorias tendrá usted como Contralora cuando concluya que en el Consejo de la Judicatura sí hubo 'carrusel' de la contratación?
Si alguien es responsable, primero, establecer la cuantía del detrimento patrimonial, y a los responsables obligarlos a que la paguen, a través de un juicio de jurisdicción coactiva, para recuperar la plata.
¿Y qué es exactamente lo que tendrían que devolver? Porque se trata de unas personas que nombraron a otras para que se ganaran una pensión elevada mediante triquiñuelas legales.
Es que si no hubiera habido 'carrusel' de la contratación, esas personas tendrían una pensión de 3 millones de pesos, por poner un ejemplo, y una vez nombradas, la pensión se les subió a 11 millones. Se suma lo que lleva devengando artificialmente esa persona, y la cifra no justificada que surja de ese cálculo, desencajada con base en el sistema de la prima media, es lo que el responsable debe devolverles a las arcas públicas.
¿Pero quienes hicieron esos nombramientos con ese propósito envilecido no incurrieron en desviación de poder?
Claro. Entonces, se da traslado para que se investigue a ese funcionario tanto disciplinaria como penalmente. Y ahí ocurre algo muy chistoso. Porque, tratándose de magistrados, regresa el caso a la Comisión de Acusación, pero por lo penal, para que resuelva si hay méritos y remita los casos a la Sala Penal de la Corte. Y también hay responsabilidad disciplinaria, que podrá ejercer o la Procuraduría o la Comisión de Acusación.
¿Es cierto que la Comisión de Acusación casi no le devuelve el expediente del proceso?
Hasta que entendieron que mediaba una decisión judicial obligatoria y que si no lo hacían, se iban a meter en problemas.
¿Cuánto tiempo se va a demorar el proceso? Los colombianos queremos ver a los culpables pronta y debidamente sancionados.
Eso depende del comportamiento procesal de los investigados. Si los magistrados comparecen y es fácil notificarlos, son procesos que pueden terminar en dos meses.
Entonces, ¿no será que van a hacer todo lo posible por demorarlo no compareciendo o no dejándose notificar?
Pues ya lo han hecho. Algunos no han comparecido.
¿Quiénes no han comparecido?
No puedo decírselo, porque es reserva.
Pues le prometo que los medios estaremos muy pendientes de que lo hagan. ¿Cabe que ellos aleguen que hay una persecución en contra del poder judicial?
Desde luego que no. Primero, no estoy investigando a unos jueces por sus decisiones judiciales. En segundo lugar, necesitaré el apoyo de otras autoridades, por ejemplo, para pedir la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se les concedió la pensión. Esto no es una cosa contra los jueces, sino contra el comportamiento de determinadas personas, y no propiamente en ejercicio de su función judicial.
Tengo una duda: si la ley les permite a los magistrados, a diferencia de todos los demás colombianos, el privilegio de pensionarse con base en el último sueldo, ¿por qué cabe sancionar a quienes lo hacen?
Es el meollo del asunto. Puede que existan normas que permitan que las personas se jubilen con base en su sueldo del último año. Pero la lógica del sistema, de la Ley 100, supone que debe haber ahorro para que haya pensión. Aquí bastaría que el intérprete de la norma dijera que "(coma), siempre y cuando se hayan hecho los aportes a las mesadas pensionales". (Siga este enlace para leer: La Comisión de Acusación devolverá caso del 'carrusel de pensiones')
¿Quiere decir que cometieron una falta al no pensionarse proporcionalmente con los aportes que hicieron al sistema?
Claro, ahí es donde hay una función ineficiente e ineficaz. ¿Que la ley lo permite? No. Tiene que entenderse la proporcionalidad. Que se liquida una pensión con base en lo devengado en el último año, pero entonces el Seguro Social tiene que decir: ¿y dónde están los aportes que respaldan esta pensión que se reclama?
Pues es que todos nos jubilamos con base en una proporción de los aportes que hayamos hecho en nuestra vida útil, menos ellos, que se pensionan con base en lo que se ganaron en tres meses...
Falta esa "coma" que indica que así es como debe interpretarse la ley. Ahí hay una ilegalidad. Lo segundo es la desviación en el ejercicio del poder. Si yo en un año nombro a cinco personas y todas con la característica de que se les mejora impresionantemente la pensión, es evidente que no las estoy nombrando para que cumplan una función pública, sino para que se pensionen. Es evidente que hay una desviación del poder. El planteamiento de que eso es legal es inadmisible. Cuando los actos administrativos tienen una falsa motivación, se anulan porque son contrarios a la ley.
Hay una cosa que no hemos podido saber. ¿Los casos del 'carrusel' de la jubilación se hacen por colegaje, por hacerle un favor a un amigo, o es un negocio en el que se le cobra una comisión al jubilado por parte del que lo nombra?
No descarto lo segundo. Que eso esté pasando es un rumor que todos hemos oído, pero no tiene un impacto procesal en mi caso, porque, si se ha cobrado una comisión, castigarlo ya no será de mi competencia, sino de la Fiscalía o de la Comisión de Acusación.
Hay que aprovechar que usted le trajo un aire fresco a la Contraloría. ¿No ha pensado meterse con las licoreras, que se las han robado toda la vida en Colombia?
Ahí tenemos una limitante de competencia, pero, desde ya y con ocasión del caso del Valle, vale la pena que el Estado colombiano revise cuál es la real situación financiera de las licoreras, si realmente su existencia se justifica con base en los aportes que les están haciendo a la educación y a la salud.
Es que con las licoreras departamentales se pagan las campañas políticas y los favores...
Pues si llegamos a esa conclusión, la obligación sería liquidar las licoreras departamentales. Hay normas constitucionales que las privilegian como monopolios y que son totalmente anacrónicas, porque de las licoreras no sale hoy en día la plata de la salud y la educación, sino del gobierno central. Otra meta inmediata es terminar los procesos que están en curso, como el de Antioquia.
¿Y que están basados en las denuncias hechas por el gobernador Fajardo en su 'libro blanco'?
Ese lo recibí esta semana. Pero las investigaciones de la Contraloría no pueden estar basadas solamente en esa fuente.
¿Pero ha encontrado algo que justifique investigar la gobernación de Luis Alfredo Ramos?
Sí. Desde hace un año estamos intentando hacerlo y hemos tenido muchos tropiezos administrativos. Uno de ellos es la gran discusión con el Contralor Departamental con base en las competencias porque me pidieron el control excepcional... Alguien o "álguienes" están tratando de dilatar esa investigación. También estoy con varios procesos en curso por salud, infraestructura, minería ilegal -vamos a empezar por tres departamentos-, y bahía de Santa Marta. Ahí hay un tema muy grande. (Lea aquí: Contraloría imputa cargos a exgobernador Luis Alfredo Ramos)
Concretamente, ¿qué está investigando en la bahía de Santa Marta?
Quiénes son los responsables de que la bahía esté abocada a un desastre ambiental. Ya no vamos a seguir haciendo advertencias que no nos contestan. Estamos hablando de carbón, lixiviados, plantas de aceite, el desvío del río Manzanares por la marina... Estamos analizando cómo concurren todas estas causas. Responderán tanto los particulares como las autoridades que les han dado las licencias.
¿Y sabe qué han llegado a responderme en algunos casos: "Usted cómo sabe si el carbón que se están comiendo los pescados es mi carbón?"
Increíble. Me produjo gracia verla caracterizada en la revista 'Semana' como Juana de Arco. ¿Usted se siente bien con arco y flecha o prefiere una escopeta, como tiradora profesional que es?
Claro que prefiero la escopeta. ¿Cómo me veo yo? Con la necesidad permanente de cumplir con mi deber. Y a veces me desespera mirar hacia adelante y ver todo lo que me falta todavía. Es una batalla jurídica, pero no con arco y flecha ni con escopeta, sino con la ley en la mano. El régimen jurídico en Colombia tiene vigencia, y eso me da mucha tranquilidad
EL ESPECTADOR
ATENCIÓN A DESPLAZADOS NO MEJORA
Seguimiento a ejecución de la política sobre desplazamiento concluye que no mejora el panorama, pese al esfuerzo del Gobierno.
Para la Defensoría del Pueblo, pese al esfuerzo del Gobierno por atender a los desplazados, aún persisten problemas que se han detectado en los últimos años.
La atención de la población desplazada en el país no mejora, pese a los esfuerzos que en la materia ha hecho el Gobierno. Al menos, ésta es una de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo, tras un estudio que realizó de las condiciones en las que se está dando el regreso de los desterrados, a sus tierras, y del programa gubernamental Retornar es Vivir. Para el Ministerio Público, el Ejecutivo no ha logrado los objetivos de garantizar los derechos de esta población vulnerable, debido a la falta de sostenibilidad y acompañamiento a las familias.
El análisis lo hizo acatando una orden de la Corte Constitucional que le pidió hacer seguimiento al cumplimiento de la tutela 025 de 2004, en la que se le ordenaba al Gobierno mejorar la atención de los desplazados. La institución, en un informe de 190 páginas conocido por El Espectador, analizó los efectos de la aplicación de la Ley de Víctimas en la política pública del retorno, los ajustes que el gobierno ha hecho a dicha política, y los avances en la atención de esta población, a la luz del estudio de 38 casos de gente que retornó a sus tierras, en 31 municipios de 10 departamentos. El informe remata con conclusiones que no parecen muy alentadoras y con algunas recomendaciones para corregir en el camino.
El primer punto de estudio fue el efecto de la Ley de Víctimas en la Política Pública de Retornos. Para la Defensoría es preocupante encontrar que en la nueva norma, pese a cambiar el organismo encargado de atención a desplazados, la estructura mantiene los mismos problemas institucionales detectados en el pasado y advierte que, al aumentar la población que debe atender, los líos podrían aumentar.
Casi en igual sentido son las observaciones a los ajustes que el Gobierno le hizo a la Política Pública de Retornos y Reubicaciones, ya que pese a haber formulado cambios “no se observa que las reformas ni las estrategias contengan cambios estructurales que permitan superar las dificultades relacionadas con la desarticulación de las actuaciones del sistema”.
Pero quizá las críticas más fuertes están en la valoración de los avances del Gobierno en la atención a esta población. Para la Defensoría, las falencias en seguridad persisten y se agudizan con “algunos comportamientos de la Fuerza Pública”. Además, sigue siendo precaria la atención inicial a los desplazados en los lugares de recepción, lo que “no posibilitan la integración local ni condiciones mínimas de vida de los hogares desplazados”.
El organismo agrega que el actual enfoque de la política pública se concentra en los retornos que ya ocurrieron, y no en acompañar nuevos retornos colectivos, “con lo cual se asegura un continuado incumplimiento del principio de voluntariedad”. Sin embargo, en medio de este oscuro panorama, la institución reconoce haber encontrado que el Gobierno tiene la intención de construir e implementar nuevos esquemas de intervención para procesos de retornos con reformas a la Política, cambios que apenas se implementarán este año.
En el informe, la Defensoría critica la eficiencia del sistema de atención formulado por la Ley de Víctimas, ya que no está claro cómo el cambio servirá para corregir las dificultades detectadas hace ocho años, al igual que la desarticulación en las acciones para garantizar escenarios de retorno y reubicación donde se puedan reparar de manera definitiva a las víctimas del destierro.
Indica que el incumplimiento del Estado ha generado retorno de desplazados sin el restablecimiento de derechos de la población, lo que genera riesgos de nuevos desplazamientos por amenazas, homicidios y desapariciones relacionadas con la tenencia de la tierra. “El reto del Gobierno es que, a través de la nueva Ley, las políticas públicas de restitución de tierras, retornos y reubicaciones se materialicen en restablecimiento de derechos, y que supere los obstáculos para el goce efectivo de derechos de la población desplazada, algo que en los últimos años no han logrado resolver”.
Sobre los informes que ha presentado el Gobierno frente al cumplimiento en la atención de los desplazados, la Defensoría encontró que no tiene fundamentos suficientes para hacer una valoración completa sobre las acciones de cumplimiento. Por eso, sugirió pedirle al Gobierno informes con datos específicos y completos sobre las comunidades que han retornado y los resultados de las acciones gubernamentales. Por lo anterior, el Ministerio Público “encuentra poco claro cómo se va a superar el incumplimiento que se ha registrado en la materia, al igual que la inoperancia de los escenarios de coordinación entre varias instituciones para cumplir con su misión con los desplazados”.
“La población desplazada encuentra dificultades para alcanzar la estabilización social y económica y el goce efectivo de los derechos a la generación de ingresos y vivienda, en los lugares de retorno y reubicación, porque alcaldías y gobernaciones no tienen oferta para el acceso a estos derechos para la población que retorna. A la hora del regreso no hay planes para el restablecimiento de estos derechos, y falta acompañamiento técnico a la población”.
“Los procesos de retorno son momentos cruciales para la reconstrucción del plan de vida de las personas en situación de desplazamiento. Sin embargo, a pesar de los reportes gubernamentales sobre las acciones y programas desplegados, aún no se han logrado establecer una estrategia relativamente efectiva para lograr esos objetivos”, concluye el informe.
ADVIERTEN 'TRANCÓN' EN 69 PROYECTOS SOCIALES POR FALTA DE RECURSOS DE REGALÍAS
Al menos 20 departamentos se han visto afectados en construcción de escuelas, sistemas de acueducto y alcantarillado, y puestos de salud.
Un agudo ‘trancón’ en las ejecuciones de muchos planes sociales se estaría dando en el país por cuenta de que aún no se ponen en marcha los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) que deben estar para la tramitación de recursos de las regalías.
Cuatro meses después de haber sido aprobada la Ley de Regalías por el Congreso de la República a finales de 2011, el Departamento Nacional de Planeación, admitió que ya son 69 proyectos de desarrollo departamental y municipal que suman casi mil millones de pesos, los que están retrasados por esa causa.
Así lo dio a conocer el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria Muñoz, quien radicó un derecho de petición al Departamento Nacional de Planeación, en el que se solicitó una explicación sobre los motivos por los que aún no se ha cumplido la Ley de Regalías.
“La demora en la conformación de los OCAD, mediante los cuales se tramitan los proyectos de regalías presentados por departamentos y municipios, ha estancado múltiples iniciativas sociales. Lo preocupante es que más allá de atrasar los planes de Gobierno de los mandatarios, perjudica gravemente a las comunidades más vulnerables”, explicó.
Entre los proyectos que no han podido iniciar su trámite se encuentran la construcción de aulas escolares y baños en escuela pública de Sopetrán, Antioquia; la rehabilitación de la red de vías terciarias en Cundinamarca; la construcción de un puesto de salud en Orito, Putumayo; y la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado en el municipio de Cunday, Tolima.
En otro derecho de petición enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que se solicitó información sobre los desembolsos de recursos a las entidades territoriales, la respuesta del director de esa cartera Juan Carlos Echeverry fue: “a la fecha no se ha efectuado ningún giro con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías correspondiente a la vigencia 2012”.
“En marzo pasado manifestamos a la opinión pública nuestra preocupación porque los colombianos más necesitados son los que padecen la falta de negligencia de los entes públicos encargados de tramitar y distribuir los recursos a los departamentos y municipios correspondientes a las regalías”, agregó Gaviria.
CUALQUIER ERROR DE FUERO PRESIDENCIAL ES CORREGIDO EN REFORMA A LA JUSTICIA
Se deja claro que en contra del Jefe de Estado la Contraloría no podrá operar.
Luego de la alerta lanza por el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, con respecto a que el presidente Juan Manuel Santos quedó sin fuero frente a la Contraloría –luego de la decisión del Consejo de Estado sobre los aforados y las investigaciones de tipo fiscal– en el Congreso de la República se está corrigiendo a través de la reforma a la justicia, cualquier posible error en la sentencia del tribunal administrativo.
reforma, se deja claro contra quienes podrá operar la Contraloría en los procesos fiscales, excluyendo de inmediato, al Presidente de la República.
Investigación fiscal de aforados
“El control fiscal sobre los aforados constitucionales será ejercido por la Contraloría General de la República. Lo anterior no se aplicará al Presidente de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente de la República y a los magistrados de la Corte Constitucional”, indica el artículo.
Así la alerta del jefe del ente investigador es superada con respecto al fuero presidencial en los procesos fiscales que lleva la Contraloría.
Juzgamiento presidencial
Además, frente a todos los procesos que se puedan abrir en contra del Jefe de Estado, se deja claro que la Cámara de Representantes seguirá investigando al Presidente de la República.
En ese sentido: “corresponderá al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, contra el Vicepresidente de la República y contra los magistrados de la Corte Constitucional”.
“La Cámara de Representantes tendrá la obligación de acusar ante el Senado al Presidente de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente de la República y a los magistrados de la Corte Constitucional”, agrega el proyecto.
La alerta envía por Montealegre
Esta semana en el Congreso, el fiscal Eduardo Montealegre dijo que está en riesgo el fuero presidencial en materia fiscal.
"La Contraloría, como se están haciendo algunas interpretaciones, podría suspender al Presidente en ejercicio del control fiscal (…) hay un grave vacío en la Constitución y el país no puede permitirse vacíos de esta naturaleza", aseguró en la comisión primera del Senado.
CORTE ESTÁ DANDO PASOS PARA ADOPCIÓN EN PAREJAS GAY: IGLESIA
El Episcopado arremetió contra la Corte Constitucional, luego de que aceptara que las parejas del mismo sexo también constituyen familia.
Conceden derecho a heredar pensión de sobreviviente a parejas homosexuales
La Iglesia Católica en Colombia este viernes arremetió en contra de la Corte Constitucional, al conocer que ese tribunal aceptó que las parejas del mismo sexo sí constituyen familia.
Al conocer el trascendental fallo que sobre el tema emitió la Corte Constitucional, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, dijo que “la familia en Colombia es entre hombre y mujer…que se reúnan a vivir tres hombres juntos, eso no es familia; que se reúnan dos amigas a vivir juntas, eso no es familia; eso se llama grupos de amigos viviendo juntos”.
“La Corte le llama a eso familia y la palabra familia en Colombia en el artículo 42 de la Constitución dice que ésta se compone de hombre y mujer”, aseguró el prelado en evidente tono de malestar.
Además, según monseñor Córdoba, para la Iglesia no sería para nada raro que la Corte Constitucional termine concluyendo que las parejas del mismo sexo pueden adoptar.
“La Corte está dando unos pasos a manera de cascada, que un paso trae el otro y (los magistrados) están haciendo lo que quieren (…) la Corte legislando, imagínense que adefesio de tipo jurídico y de tipo constitucional en el país”, dijo en diálogo con RCN.
Para la Iglesia “que (la Corte) cambie la Constitución eso es otra cosa pero no ha sido modificada. La Corte de un momento a otro sacó un as debajo de la manga y por arte de magia está diciendo que cambió el concepto de familia porque le pareció a dos o tres”.
En ese sentido, argumentando que Colombia es un país católico y cristiano, y que “no está siendo respetada la herencia cultural y religiosa”, retó a los defensores de la causa de los homosexuales a que presenten un referendo para saber el resultado.
“Claro, que por vía de referendo digan si quieren o no aceptar como familia a las parejas del mismo sexo. Que lo hagan y verán cómo el pueblo colombiano no está de acuerdo con que la familia de Colombia esté constituida por dos hombres o por dos mujeres”, recalcó.
Finalmente, el prelado dijo que “con los homosexuales no tenemos problemas, son hijos nuestros, son parte de la Iglesia, tiene dignidad y son colombianos con derechos y deberes. Si quieren vivir juntos que vivan, que hereden su salud y derechos patrimoniales; otra cosa es que un grupo minoritario nos haga leyes para todos los colombianos”.
OBJECIÓN ODIOSA
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Todos los vetos son antipáticos, pero ninguno más irritante e injusto que el que algunos magistrados de altas cortes han decidido aplicar a los abogados, con ocasión de una norma que está incluida en el proyecto de la tortuosa reforma a la justicia que está a punto de ser aprobada, salvo que ocurra un milagro.
En efecto, a unos honorables magistrados les parece un atropello el artículo transitorio que quedaría en la Constitución, el cual permitiría encomendarles a particulares que ejerzan la profesión del derecho la función de administrar justicia en casos especiales. La escueta razón que han dado esos malquerientes de oficio es que esa medida conduciría a privatizar la justicia.
El reparo por la supuesta privatización de la justicia es un artificio trasnochado casi de tinte bolchevique. Si a quien se desempeña como litigante o asesor se le asigna la responsabilidad de fallar un pleito, pierde su condición de particular, y asume transitoriamente la función pública de administrar justicia para ese específico asunto. En otras palabras, deja de ser particular y se viste temporalmente de magistrado, así no haga parte de la Rama Judicial. Lo mismo ocurre cuando personas privadas o el Estado nombran árbitro a un abogado para que dirima una controversia.
De las pocas cosas útiles que tiene esta accidentada reforma a la justicia, es precisamente permitirle al gigantesco batallón de abogados que hay en el país colaborar transitoriamente administrando justicia, para descongestionar los anaqueles de los despachos judiciales, donde duermen innumerables expedientes en el más aberrante olvido. Seguramente los magistrados que se oponen a esta magnífica idea ignoran que en Colombia hay 97 mil estudiantes de derecho.
La suerte de la justicia no es terreno exclusivo para jueces y magistrados, también allí tienen la palabra los abogados, protagonistas y al mismo tiempo dolientes de los males de una justicia que deja más inquietudes que satisfacciones.
¿Por qué de una reforma a la justicia han de ser excluidos los abogados que ejercen independientemente su profesión? La solución es tan absurda como si en una reforma a la salud se prescindiera de los médicos o de los odontólogos. El deber de solidaridad ciudadana que consagra el artículo 1º de la Carta Política no excluye a los abogados, quienes como jueces ocasionales pueden apoyar la noble misión de descongestionar los despachos judiciales.
Si a algunos magistrados no les incomoda que en esta reforma a la justicia se les incremente el período de 8 a 12 años y su edad de retiro forzoso de 65 a 70, ¿cuál es la razón científica para que sus colegas abogados no puedan excepcionalmente administrar justicia? Por el contrario, hay más razones para no apoyar la prórroga del período y la edad de retiro, entre otras la de que esa reforma en ningún caso puede beneficiar a los actuales magistrados, como se rumora en los pasillos del Congreso, donde se habla sotto voce y con nombres propios de que algunos ilustres y encumbrados servidores de la Rama Judicial ya andan cabildeando tan exótica propuesta, que en nada mejoraría la maltrecha justicia.
Lástima que los pocos colegios de abogados criollos no tengan influencia política, como la que sí ejercen jueces, fiscales y magistrados. Si así fuera, no sólo nadie se habría atrevido a insultarlos, sino que aquí habría tenido lugar una huelga de profesionales del derecho ante el gesto excluyente de algunos magistrados que los quieren de dientes para afuera, o al menos una marcha de protesta que entre otras cosas les recordara que primero que funcionarios se hicieron abogados.
Adenda. La censura de monseñor Juan Vicente Córdoba a la Corte Constitucional por sus decisiones respecto de la adopción eventual por parejas homosexuales, busca convertir la corporación en otro feudo de la Iglesia católica, como ya lo logró con la Procuraduría de Ordóñez.
EL NUEVO SIGLO
MISIL CONTRA CONSTITUCIÓN
Por desgracia, este es otro de tantos editoriales sobre la actual reforma a la justicia. Hemos publicado varios de ellos desde que se presentó el primer articulado, bajo el título de Contrarreforma. Por desgracia, también, las cosas han ido de mal en peor.
Hemos sostenido reiterativamente que esta, más que del presidente Juan Manuel Santos, es una reforma de otras manos. No solo en el Gobierno, sino particularmente del Congreso. Y no solo del Congreso, como institución, sino de los parlamentarios que la están usando para desbrozar la Constitución de todo lo que les incomoda y les supone control.
De lo que se anunció en un principio ya no queda nada. De la idea de que se haría una reforma por consenso, particularmente con el concurso de las Cortes, se ha pasado a una realidad completamente diferente.
El hecho fehaciente es que no es una reforma para descongestionar o mejorar la justicia, sino un sinnúmero de incisos que al ciudadano común no interesan, ni tampoco hacen parte de una justicia más expedita y moderna. En una buena proporción, por el contrario, significa la modificación al régimen del congresista, estipulado en la Constitución de 1991, y la situación jurídica de los aforados.
No se entiende, en primer lugar, por qué el régimen de pérdida de investidura, en el Consejo de Estado, favorable al mejoramiento de las costumbres políticas en Colombia, se destroza al determinarlo por instancias y volver sus sanciones graduales, hasta el punto del desfiguramiento irreversible.
Al menos diez veces, en intentos de reforma presentadas por el Congreso desde que está vigente la Constitución, se ha querido lo mismo y diez veces esas pretensiones fueron abrumadoramente derrotadas. Ahora, furtivamente, quieren meter gato por liebre, con la única diferencia de que es el Gobierno el que está dando el aval para el estropicio. De esta manera va a quedar el Ejecutivo cohonestando algo que de seguro el presidente Santos no quiere, pero que por el arte de birlibirloque de los incisos en el Congreso está terminando por aceptar.
Todavía peor son otros aspectos de la reforma. Ella, asimismo, pretende proteger a los parlamentarios contra la detención preventiva, buscando inmunidades que no tienen por qué tener. Todo ello, claro, en contravía de las facultades de la Corte Suprema de Justicia, castigada de forma lesiva así por cuenta de sus investigaciones de la parapolítica y otros casos de corrupción parlamentaria.
Y todos esos cambios de procedimientos producen, de un lado, lo que muchos parlamentarios pretenden: borrar las sanciones, penales y disciplinarias, anteriormente impuestas por la Corte y el Consejo de Estado, bajo el principio de retroactividad y favorabilidad cuando se cambian las normas correspondientes. Y de otro lado, blindarse hacia adelante.
No contentos con estas maniobras, los parlamentarios prohíben además su investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría. Y de colofón se ordena que ellos mismos sean los que, en una ley alternativa o en el Reglamento interno del Congreso, legislen sobre el tema, demostrando una benevolencia supina con el propio control y ejercicio de su cargo.
De otra parte, se insiste en quitarle a la Corte Suprema de Justicia su capacidad de investigar y juzgar a los congresistas, dejando todo el asunto en otras instancias improcedentes y configurando salas extracurriculares para poner cedazos.
En otro aspecto, aparte de las perlas de ceder la justicia en notarios y abogados sin jurisdicción, en vez de producir el acto administrativo correspondiente al nombramiento de jueces, también se busca la erosión de la autonomía de la justicia bajo la creación de instituciones intermedias para tramitar el presupuesto.
Posiblemente el ciudadano de a pie no entienda mucho los intríngulis antedichos. El corazón del tema, sin embargo, consiste en generar un prevalecimiento del Legislativo y el Ejecutivo sobre la Justicia, fracturando en materia grave el equilibrio de poderes en Colombia. Como se sabe, precisamente, las constituciones desde Montesquieu, son un mecanismo de control. Bajo ese criterio se fundó el sistema liberal, no en su sentido partidista, como pilar de las democracias. Sistema que consiste, justamente, en que ninguna rama del Poder Público prevalece sobre la otra, fruto de eliminar las monarquías. Al contrario, podrían interpretar algunos que la alianza Ejecutivo-Legislativo no puede llamarse ya Unidad Nacional, sino alianza intempestiva y velada para romper las vértebras constitucionales.
LE PONEN ‘PEROS’ AL CÓDIGO DE RÉGIMEN MUNICIPAL
Como ya lo ha registrado EL NUEVO SIGLO, para el ministro del Interior, Germán Vargas, los distintos proyectos legislativos que buscan modernizar los distritos, municipios y departamentos de Colombia hacen parte de la “revolución territorial” y buscan generar una mayor gobernabilidad en las regiones.
Entre estas iniciativas gubernamentales sobresalen las que se refieren a los nuevos regímenes Departamental y Municipal, las leyes de Distritos, Áreas Metropolitanas y Bomberil, los Estatutos de Participación Ciudadana y de Juventudes, y la Reforma al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres.
“Nos hemos propuesto modernizar la legislación territorial para garantizar una gobernabilidad local eficiente y productiva con municipios y departamentos más competitivos. Por ese motivo, nos empeñamos en dotar al país de toda la normatividad necesaria para hacer realidad la descentralización”, señaló Vargas, ponderando el paquete de medidas que, además, ha venido socializando por todo el país.
Específicamente en el tema del Régimen Municipal, para el representante por el Cesar Juan Manuel Campo, del Partido Conservador, hay que sacarle mayor provecho al artículo sobre los municipios fronterizos que está consignado en el proyecto de ley que ha venido impulsando el Gobierno.
“Pienso que hay que intentar ser un poco más activos y darle mayor utilidad a un planteamiento que tenga que ver con el tema fronterizo. El propio departamento del Cesar es fronterizo y muchos de los problemas que hoy padece ese departamento se originan de la posición geográfica al lado de Venezuela”, explicó el Congresista.
El representante Campo también criticó la “descentralización del manejo de los recursos”, que cambió la distribución de las regalías en el país a través de la ley que en este momento está en etapa de conciliación en el Congreso de la República. Para el legislador conservador se debe plantear una “Ley de Reciprocidad” que permita una mejor distribución de esos dineros.
REVISTA SEMANA
EL CABALLO DE TROYA EN LA REFORMA A LA JUSTICIA
En el texto de la iniciativa entró a hurtadillas un articulado que aumenta las garantías procesales a los congresistas, los faculta para votar aunque estén investigados y ablanda las normas que rigen la pérdida de su investidura.
Un caballo de Troya galopa en el Congreso. Diez de los 30 artículos de la reforma a la Justicia que avanza a todo vapor hacia su aprobación definitiva son, en realidad, un arma defensiva encubierta que los parlamentarios colaron en el texto legislativo para favorecer sus intereses y blindarse ante las posibilidades de ser investigados o perder su investidura.
Por esta razón, varios magistrados han calificado la propuesta como una retaliación del Congreso contra la Rama Judicial, después de las numerosas investigaciones y condenas de la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas. Para analistas como la Misión de Observación Electoral, el proyecto de reforma a la Justicia, que cambia la Constitución y al cual le faltan solo tres debates, se convirtió en una suerte de reforma política. Por el contrario, el presidente de la Comisión Primera, el senador liberal Luis Fernando Velasco, dice que tal afirmación es una exageración y que la reforma "busca equilibrar el poder". El presidente Juan Manuel Santos ha defendido el proyecto, aunque reconoce que es insuficiente para resolver los problemas estructurales de la Justicia. El gobierno "no propone ni quiere vender la reforma constitucional a la Justicia como la panacea ni como la solución a todos los problemas que aquejan al Poder Judicial", dijo hace poco.
Sin embargo, el hecho es que una tercera parte del articulado apunta a aumentar las garantías de los congresistas frente a eventuales investigaciones y su influencia sobre la Rama Judicial. Por eso, muchos se preguntan, con razón, si esos cambios en la Constitución son en realidad necesarios para acercar la Justicia al ciudadano y para hacerla más eficiente o para beneficiar a los padres de la patria. Estas son las principales 'perlas'.
Cuidando la silla
Hoy en día, los congresistas investigados pueden ser detenidos, como cualquier ciudadano, de manera preventiva. Un parágrafo que se incluyó en el artículo 14 de la reforma a la Justicia, dice que solo podrán ser privados de la libertad "cuando exista resolución acusatoria, salvo que sean aprehendidos en caso flagrante". En otras palabras, la Justicia no podrá detenerlos preventivamente y los partidos conservarán la curul hasta que se dé la captura (los parlamentarios querían inicialmente que esto ocurriera solo después de la condena, pero, por el escándalo que se armó, esta condición fue eliminada). Hoy, la Corte Suprema puede enviarlos a la cárcel sin que haya resolución de acusación; si se aprueba el artículo, la detención solo podría tener lugar mucho después.
Permiso para legislar
Según el articulado aprobado, la investigación contra los congresistas por faltas disciplinarias ya no estará a cargo de la Procuraduría. La reforma prevé la elaboración de un nuevo régimen disciplinario para los parlamentarios a través de un proyecto de ley. El problema es que los congresistas investigados podrían participar en la discusión del régimen de sanciones que se les va a imponer, pues un artículo dice que no "existirá conflicto de intereses" para que lo hagan. La figura es una extensión de una reforma aprobada el año pasado según la cual, cuando se trata de reformas constitucionales, los congresistas no tienen por qué declararse impedidos. En criterio del senador Velasco, "si no se incluye ese artículo no se podrían aprobar las leyes que reglamentan la reforma, pues hay muchos congresistas investigados". Pero la salvedad, así sea solo para esta ley, sienta un precedente que no huele bien.
La 'Súper Corte'
Otro artículo polémico es el que crea nuevas salas de la Corte Suprema: una para investigar a congresistas, magistrados de las altas cortes y otros altos funcionarios (los llamados 'aforados') y otra para juzgarlos. Para empezar, el articulado no es claro, pues estipula que esas salas no integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena de la Corte. O sea que no se sabe si pertenecen o no a la Corte. Lo más preocupante es que los diez magistrados que integrarían la Sala de Investigación serían elegidos por la Corte Constitucional de ternas enviadas por el Presidente. Eso supone dos riesgos: que la Corte Constitucional quede envuelta en los enredos de la política (como ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia por su participación en la elección del fiscal) y que las cualidades de los magistrados encargados de investigar a los congresistas quedan en manos de la buena voluntad del mandatario de turno, que a su vez tiene una relación política con el Congreso.
Investidura de a poquitos
Otra parte polémica de la iniciativa es la que cambia las reglas de juego para la pérdida de investidura de los parlamentarios. Actualmente, la ley establece claramente cinco razones por las que el Consejo de Estado puede quitárselas: por votar una ley cuando está impedido, por no asistir a más de seis plenarias, por no posesionarse antes de ocho días después de instalado el Congreso, por destinar mal los recursos públicos y por tráfico de influencias. La iniciativa ahora en curso incluye el llamado "principio de proporcionalidad", mediante el cual se abre la posibilidad de que el congresista reciba otro tipo de sanción, como la suspensión temporal por un máximo de seis meses. Otra ley -que también quedará en manos del Legislativo- definirá las causas y las sanciones de pérdida de investidura. Para completar, el articulado establece la doble instancia en estos procesos. Actualmente solo existe una.
¿Y la Disciplinaria?
La primera propuesta de reforma a la Justicia incluyó la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Las críticas contra esta corte eran principalmente contra su Sala Disciplinaria -la misma que está en el ojo del huracán por el escándalo del carrusel de las pensiones- debido a su origen político. Esta sala está integrada por candidatos postulados por el gobierno y elegidos por el Congreso.
Sin embargo, la reforma aprobada solo elimina la Sala Administrativa y mantiene la Disciplinaria. En el más reciente debate, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, expresó su desacuerdo, pero no pudo imponer su voluntad, como sí lo hizo con el retiro del artículo que fortalecía el fuero militar. Hay quienes consideran que la Sala sobrevivió porque es una especie de apéndice del Congreso en la que algunos parlamentarios tienen cuotas políticas.
"Songo sorongo", como dice la canción, el proyecto de reforma a la Justicia está cerca de convertirse en ley. Pese a algunos reparos del gobierno, a la oposición de las Altas Cortes y a la lluvia de críticas, el caballo de Troya que introdujeron los congresistas a quienes favorece galopa sin freno, impulsado por las mayorías santistas. "Se ha demostrado que no hay tal descongestión ni mejoramiento de la Justicia en la reforma. En el fondo, lo que busca, la verdadera nuez, es cambiar el régimen de juzgamiento de los congresistas. Lo demás es paja", concluye el senador Parmenio Cuéllar, del Polo.
La moraleja de esta historia puede ser, como a menudo sucede en política, una irónica frase que Maquiavelo le habría dicho a Montesquieu en el infierno, según un relato de Maurice Joly, de 1864: "¿Crees que los poderes permanecerán por mucho tiempo dentro de los límites constitucionales que les asignasteis y que no llegarán a traspasarlos?". Todo indica que los parlamentarios colombianos ya respondieron la pregunta.